En un giro sorpresivo, dos de los tres detenidos en el “caso Chocolate” pidieron ampliar sus declaraciones indagatorias esta semana, tras varios meses de silencio. Pero lo plantearon con condiciones. Reclamaron que los escuche el juez de Garantías Guillermo Federico Atencio, tras acusar a la fiscal que instruye la investigación de falta de objetividad y de vulnerar el “debido proceso legal” y sus derechos de defensa.

El planteo del subdirector de Personal de la Legislatura bonaerense, Claudio Albini, y su hijo, el concejal platense y apoderado provincial del Frente Renovador de Sergio Massa, Facundo Albini, derivó en la apertura de un incidente de recusación de la fiscal Betina Lacki, quien reaccionó de inmediato. Antes de fijar una fecha para las indagatorias le requirió al juez Atencio que resuelva si debe continuar al frente de la pesquisa o dar un paso al costado.

En un escrito de tres páginas, los Albini cargaron contra Lacki. Estimaron que la presencia del juez Atencio en sus declaraciones resulta indispensable para contar con un “contralor jurisdiccional” del proceder de la fiscal, aunque afirmaron que no buscarían apartarla, sino garantizar su defensa en el expediente en que están acusados de integrar una asociación ilícita que habría defraudado al Estado bonaerense por al menos $800 millones.

El planteo de los Albini llegó, cabe remarcar, tras un cambio en la defensa. Maximiliano Rusconi asumió el patrocinio, junto a los letrados Gabriel Palmeiro y Martín Villar, primero en coordinación y luego en reemplazo del defensor platense Gustavo Galasso.

De alto perfil, Rusconi acumuló varias defensas sensibles y de altísimo perfil público tras renunciar a su cargo como fiscal federal. Desde Carlos Menem al acusado en el “caso Nisman”, Diego Lagomarsino, recurrieron a sus servicios, al igual que el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el presunto testaferro de la familia Kirchner Lázaro Báez, al igual que el empresario Nicolás Ciccone y el banquero Raúl Moneta, entre otros.

El pedido de ampliación de indagatorias llegó, además, días después de que Pablo Parente, director de Personal de la Legislatura –y superior teórico inmediato de Claudio Albini-, dejara varios flancos abiertos. En particular, al analizar los legajos administrativos de algunos de los 48 presuntos empleados de la Cámara de Diputados cuyas tarjetas de débito operaba “Chocolate” Rigau cuando lo detuvieron. No logró explicar los faltantes y contradicciones obrantes en los legajos que la Legislatura envió a los tribunales platenses.

Los Albini fueron, sin embargo, más allá de criticar a la fiscal Lacki. Pidieron, también, declarar de manera presencial, en vez de recurrir a algún canal virtual. Afirmaron que así lo ameritan sus “circunstancias personales, la naturaleza de esta causa y, también, el estado de salud” que los aqueja, tras “tanto tiempo de detención”.

Tanto el subdirector de Personal de la Legislatura bonaerense como su hijo llevan cinco meses detenidos en la Alcaldía Departamental “Roberto Pettinato”, en las afueras de La Plata, en tanto que Julio “Chocolate” Rigau permanece en una celda desde el 15 de octubre, tras su primera detención, que fue el 9 de septiembre, y un intervalo de tres semanas en libertad.

La detención de “Chocolate” Rigau provocó un efecto dominó que sacó a la luz prácticas delictivas comunes a varios espacios políticos. Con el paso de las semanas quedaron bajo la lupa Hugo Muguerza y su pareja Josefina Ortellado, quienes operaban como “chocolates” para Pro y el radicalismo, como también el peronista Hugo Alberto Sini.

El estallido del escándalo provocó cruces de acusaciones, pases de facturas y operaciones, como la pegatina de afiches y calcomanías en los baños y otras instalaciones de la Legislatura bonaerense contra el dirigente de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Juan Cocino. “UCR – Fábrica de Chocolates”, le endilgaron, junto al nombre de quien también fue diputado provincial por el GEN.

Los Albini tienen sus prisiones preventivas confirmadas, lo mismo que “Chocolate” Rigau, y todo indica que continuarán detenidos hasta la sustanciación del juicio oral. Buscan ahora revertir esa situación por la vía del planteo de nulidades o alegando razones de salud.

“Solicitamos que se arbitren los medios necesarios a efectos de que su traslado sea efectuado por comisión especial del personal del Servicio Penitenciario Bonaerense”, pidieron Rusconi, Palmeiro y Villar, planteo que ahora quedó en manos de la fiscal Lacki y el juez Atencio, quien considera que alguien, por encima de los Albini, urdió la trama delictiva y continúa oculto.

Atencio planteó en diciembre pasado que no le resultaba “razonable presumir” que la jefatura de la banda “pudiera reducirse a un empleado de categoría inferior, a un subdirector de un área ajena al manejo de las contrataciones ”. Para el magistrado, “nada de lo perpetrado pudo escapar del conocimiento y control de aquellos a quienes se les otorgan los módulos que posibilitan las contrataciones de quienes sin prestar servicio alguno recibían los derechos a la cobertura médica y al beneficio jubilatorio a cambio de la millonaria recaudación de lo que lamentablemente se naturaliza como la ‘plata de la política”.